El precio internacional de los minerales, oro y cobre en especial, registró una suba extraordinaria. Entonces, pese al régimen de estabilidad fiscal, el Gobierno aplicó un impuesto a las ventas externas, medida resistida por las compañías.
“Tienen que contribuir a la renta social”, les pidió a los empresarios mineros el subsecretario Jorge Mayoral.
“Hay que establecer acuerdos que garanticen estabilidad para las empresas y que, a su vez, hagan su contribución a la sociedad.” La diplomática sentencia del subsecretario de Minería, Jorge Mayoral, desnudó la intención oficial de dejar en pie las retenciones que se aplican sobre las exportaciones del sector, cuyos empresarios no pudieron eludir a Guillermo Moreno para analizar el tema. La voluntad del Gobierno parece tan firme como el reclamo patronal de que se mantenga la estabilidad fiscal prometida con la ley para inversiones del sector. Pero a diferencia de lo que ocurrió con el campo, hasta ahora esas diferencias amagan zanjarse por la vía diplomática.
“Los proyectos están marchando bien y están teniendo coyunturalmente beneficios mayores que cuando fueron factibilizados”, sentenció Mayoral ante un colmado auditorio de empresarios que ayer celebraron el Día de la Minería en un hotel céntrico. No faltan ejemplos de esa bonanza inesperada cuando algunas de las inversiones en curso fueron planificadas. Cuando Bajo la Alumbrera comenzó la explotación de cobre y oro, hacia fines de la década pasada, la libra de aquel metal estaba a 0,64 de dólar, contra los 3,40 actuales. Hace diez años se exportaban a Chile 12 mil toneladas de cal, contra las 280 mil actuales.
Frente a este marco, hacia fin de año el Gobierno aplicó un impuesto sobre las ventas externas del 5 por ciento sobre el oro y del 10 por ciento sobre el cobre. Pero lo hizo a través de resoluciones aduaneras, ya que, de otro modo estaría vulnerando la promesa de estabilidad fiscal consagrada en la ley 24.196 de Inversiones Mineras que invocan los empresarios para resistir ese tributo.
“Es cierto que el precio de los minerales subió mucho en el mercado internacional. Pero también es cierto que nuestras inversiones necesitan años para recuperarse y que, en los primeros cinco, ese valor estaba planchado”, se defendió ante Página/12 el gerente general de Bajo la Alumbrera, Jorge Montaldi. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Manuel Benítez, apuntó en el mismo sentido al destacar que “el promisorio panorama de inversiones (hay proyectos por 8300 millones de dólares en estudio de prefactibilidad) tiene como soporte central la seguridad jurídica”.
Con la idea de defender la estabilidad impositiva que promete esa norma, envidiada e invocada recurrentemenete por las empresas de cualquier otro rubro como instrumento modelo, los mineros se sentaron a la mesa de discusión. Lo hicieron tanto con Mayoral, hombre del Ministerio de Planificación, como con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. “Somos parte del mismo equipo. Tenemos puesta la misma camiseta”, justifica el responsable de Minería, cuya presencia en el almuerzo de ayer estaba puesta en duda. El funcionario fue y dijo desde el estrado algo similar a lo que sostiene en privado: “Mantener el elevado margen de ganancia que tienen ustedes implica también contribuir a la renta social”.
Las empresas consideran que ese objetivo está honrado por varias vías. A través de los programas asistenciales como “ayuda a hospitales”. Con el pago de regalías y con la participación directa que el Estado tiene en algunos emprendimientos. Un ejemplo es Yacimiento Mineral de Agua Dionisio, con el 60 por ciento en poder de Catamarca y el 40, de la Nación. El Ymad se lleva el 20 por ciento de las utilidades netas de Bajo la Alumbrera: unos 390 millones de dólares.
