Política de Estado o
alarmante mamarracho
de CatamarcaActual.com
La política minera en nuestra provincia, no parece constituir una cuestión de Estado, es un pavoroso mamarracho; eso evidencia la aprobación a las apuradas de la declaración de impacto ambiental de Agua Rica. 
Como la minera Agua Rica comenzó a despedir empleados en Andalgalá y Santa Maria, amenazando directamente abandonar el emprendimiento millonario porque el Gobierno Provincial no aprobaba su Declaración de Impacto Ambiental, la Secretaría de Minería aprobó sin más, casi “mágicamente”, esa declaración que llevaba días, semanas y meses completamente cajoneada.
Además de torpe la medida de aprobar permisos mineros bajo presión, lo que interpela la calidad de los funcionarios de Eduardo Brizuela del Moral, lo que resolvió la Secretaria de Minería que conduce José Sinner ayer, mueve a la sospecha legitima de si, para la aprobación, se consideró convenientemente las condiciones bajo las cuales se aceptó el proyecto minero o las condiciones que debe cumplir la empresa para la ejecución del mismo; muchos catamarqueños, por no decir todos, lo que parece más lógico, nos quedamos con la sensación de que la aprobación se resolvió a las apuradas, no porque fuera resultado de un análisis profundo de la cuestión, sino para evitarle al gobierno de Eduardo Brizuela del Moral otro papelón sinfónico al declararse en crisis, al tiempo que su burocracia impide que se desarrolle uno de los emprendimientos mineros mas importantes del país y del mundo.
Quedarán para nuestra preocupación esas sensaciones que produjo en muchos catamarqueños ese alarmante mamarracho institucional de un Gobierno que para referirse a la actividad minera se llena la boca de frases grandilocuentes como “política de Estado”.
Pero este nuevo bochorno político del Gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, tiene un lado positivo: demuestra palmariamente que Catamarca hace tiempo que necesita una política de Estado en minería seria.
Los funcionarios de ésta gestión, el Gobernador a la cabeza, apela siempre al facilismo de las palabras nunca analizadas por la prensa amiga, por eso no hay cabal conciencia de los alcances de una verdadera política de Estado.
Una política de Estado significa una decisión consensuada, que sea objeto de un diálogo serio, patriótico e intensivo entre las organizaciones sociales y políticas. Y que se ponga en marcha cuanto antes y se mantenga vigente por un tiempo que exceda a varias administraciones.
La minería como política de Estado bien podría ser convocada por el exitoso en lo electoral Brizuela del Moral, pero nefasto en la gestión; el incidente de ayer es solo uno de los tantos botones de muestra.
Pero esa convocatoria debe hacerse con humildad y convicción, sin tratar de sacar dividendos de cada acto o palabra, porque entonces no será una política de Estado, sino otra de las maniobras que realiza el FCS para incrementar la hegemonía política de una clase social en desmedro del futuro de todos los catamarqueños.
Como la minera Agua Rica comenzó a despedir empleados en Andalgalá y Santa Maria, amenazando directamente abandonar el emprendimiento millonario porque el Gobierno Provincial no aprobaba su Declaración de Impacto Ambiental, la Secretaría de Minería aprobó sin más, casi “mágicamente”, esa declaración que llevaba días, semanas y meses completamente cajoneada.
Además de torpe la medida de aprobar permisos mineros bajo presión, lo que interpela la calidad de los funcionarios de Eduardo Brizuela del Moral, lo que resolvió la Secretaria de Minería que conduce José Sinner ayer, mueve a la sospecha legitima de si, para la aprobación, se consideró convenientemente las condiciones bajo las cuales se aceptó el proyecto minero o las condiciones que debe cumplir la empresa para la ejecución del mismo; muchos catamarqueños, por no decir todos, lo que parece más lógico, nos quedamos con la sensación de que la aprobación se resolvió a las apuradas, no porque fuera resultado de un análisis profundo de la cuestión, sino para evitarle al gobierno de Eduardo Brizuela del Moral otro papelón sinfónico al declararse en crisis, al tiempo que su burocracia impide que se desarrolle uno de los emprendimientos mineros mas importantes del país y del mundo.
Quedarán para nuestra preocupación esas sensaciones que produjo en muchos catamarqueños ese alarmante mamarracho institucional de un Gobierno que para referirse a la actividad minera se llena la boca de frases grandilocuentes como “política de Estado”.
Pero este nuevo bochorno político del Gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, tiene un lado positivo: demuestra palmariamente que Catamarca hace tiempo que necesita una política de Estado en minería seria.
Los funcionarios de ésta gestión, el Gobernador a la cabeza, apela siempre al facilismo de las palabras nunca analizadas por la prensa amiga, por eso no hay cabal conciencia de los alcances de una verdadera política de Estado.
Una política de Estado significa una decisión consensuada, que sea objeto de un diálogo serio, patriótico e intensivo entre las organizaciones sociales y políticas. Y que se ponga en marcha cuanto antes y se mantenga vigente por un tiempo que exceda a varias administraciones.
La minería como política de Estado bien podría ser convocada por el exitoso en lo electoral Brizuela del Moral, pero nefasto en la gestión; el incidente de ayer es solo uno de los tantos botones de muestra.
Pero esa convocatoria debe hacerse con humildad y convicción, sin tratar de sacar dividendos de cada acto o palabra, porque entonces no será una política de Estado, sino otra de las maniobras que realiza el FCS para incrementar la hegemonía política de una clase social en desmedro del futuro de todos los catamarqueños.
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