30 de septiembre de 2010

Se aprobó la Ley de Glaciares


Después de más de ocho horas de fuertes cruces y divisiones, los legisladores convirtieron en ley las modificaciones que introdujo Diputados al proyecto original del Senado, con el objetivo de imponer más límites a la producción minera en el país y proteger las aguas dulces


Por 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el Senado convirtió en ley esta madrugada las modificaciones hechas en Diputados a una iniciativa aprobada originalmente en la Cámara alta en septiembre del año pasado.

El polémico proyecto sancionado, que era dictamen de minoría, impone mayores límites a la minería al
tiempo que protege los glaciares y las aguas dulcesLa votación tuvo lugar a las 4:32, luego de que el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, expusiera sus argumentos. Sólo se abstuvo el sanjuanino Roberto Basualdo.

A la hora de votar, primero se hizo sobre el dictamen de mayoría -que avalaba la norma original de la Cámara alta- y fue apoyado por 33 legisladores pero rechazado por 35.

Luego, se trató el de minoría -la ley del acuerdo entre el senador oficialista Daniel Filmus y el diputado de Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso-, que consiguió la adhesión de 35 integrantes del pleno, mientras que 33 se opusieron. El
único que se abstuvo en las dos votaciones fue el sanjuanino Roberto Basualdo.

Hicieron uso de la palabra 39 senadores, mucho más de la mitad de
los 69 presentes a la hora de votar.


Durante algo más de ocho horas, el debate inició a las 20 de ayer miércoles y se prolongó hasta pasadas las 4:30 de hoy, el recinto fue escenario de fuertes divisiones internas entre el bloque oficialista y el arco opositor.

Ocurre que esas divisiones se debían a que los senadores podrían insistir en el proyecto original aprobado en la Cámara alta en 2009 o bien sancionar las modificaciones realizadas por Diputados.

Los que apoyaban el proyecto de la Cámara baja apuntaron al derecho a cuidar el agua, mientras que los que avalaban la iniciativa del Senado sostuvieron el derecho de las provincias para legislar sobre los recursos naturales, aclaró el sitio Parlamentario.com

Los gobernadores de las provincias mineras se pronunciaron en diversas audiencias a favor del proyecto del Senado y, de forma más sutil, también el gobierno nacional, bajo el argumento de que la legislación sobre los recursos naturales corresponde a las provincias en las que esos recursos se encuentran.

Esta interpretación, sumada al argumento de que el proyecto de Diputados perjudicaría la
actividad minera, caló en algunos senadores tanto del oficialismo como de la oposición que representan a algunas de esas provincias.

La discusión se polarizó entre los senadores oficialistas César Gioja (San Juan), quien defiende el proyecto del Senado, y Daniel Filmus (CABA), quien acordó con el Diputado Miguel Bonasso la iniciativa modificada que aprobó la Cámara de Diputados.

En ese marco, trascendió durante el debate que el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, votaría a favor de la ley de Diputados para evitar las acusaciones que parte de la oposición ya hizo a otros senadores acerca de estar "arreglados" con la minera Barrick Gold.

Una de las diferencias que generaban polémica es que mientras el proyecto del Senado señala que las zonas a proteger son los glaciares "descubiertos y cubiertos, y dentro del ambiente periglacial, los glaciares de escombros", el de Diputados define como zona periglacial el "área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico".

Otro punto de discordia estriba en la participación que se da a las entidades nacionales o provinciales en la confección del inventario de glaciares.

Y es que mientras el Senado otorgó esa facultad al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinacion con "otras instituciones nacionales y provinciales competentes", la letra alternativa no menciona a las provincias.

Otro conflicto se desarrollaba con respecto al artículo 17 de la sanción de Diputados, que establece no se autorizarán nuevas actividades mineras hasta que se finalice el inventario, pero en el último debate en
comisión ese artículo fue eliminado del dictamen de minoría.


fuente: Infobae.com

29 de septiembre de 2010

Negocios

CFK con el Vicepresidente de Barrick Gold


El vicepresidente de la empresa, Kevín Dushnisky, estuvo entre los hombres de negocios que se reunieron con Cristina en el Consejo de las Américas en Nueva York. Esto sucede tres días antes de que el Senado nacional debata en el recinto el proyecto de ley sobre la protección de los glaciares.

Ejecutivos de 18 empresas de primera línea mundial, entre ellos el vicepresidente de la Barrick Gold, Kelvín Dushnisky, se reunieron ayer en Nueva York con Cristina Fernández, en el Hotel Four Seasons, encuentro en el cual la presidenta reiteró a los miembros del Consejo de las América que "Argentina es un país atractivo para invertir". Cristina destacó, además, la política económica de su gobierno, en especial la referida al uso de reservas para el pago de deuda, y defendió las medidas adoptadas por el Ejecutivo para "sortear exitosamente el año mas difícil de la economía mundial".

En lo que representó la agenda económica de su visita a EEUU, en su quinto día de estadía en la ciudad de Manhattan, la jefa de Estado visitó primero la Bolsa de Comercio de Nueva York y luego se reunió con hombres de negocios del Consejo de las Américas.

Aunque el vocero de prensa de la Barrick Gold en San Juan, había confirmado durante la tarde que ningún CEO de la empresa participaría del encuentro con Cristina en Nueva York, el vicepresidente de la empresa minera, Kelvin Dushnisky, estuvo en la reunión con la mandataria argentina tres días antes de que el Senado nacional debata en el recinto el proyecto de ley sobre la protección de los glaciares. Se trata de un tema que divide aguas no sólo entre el oficialismo y la oposición sino también entre los integrantes de los distintos bloques por lo que el resultado de la votación tiene final abierto.

En la Cámara Alta hay dos proyectos: uno con media media sanción del Senado y otro modificado con media sanción de Diputados y no se descarta una tercera opción.

Dushnisky ya había estado en el 2009 en la reunión con empresarios en el Consejo de las Américas, y en junio pasado en Toronto (Canadá) durante la Cumbre del G-7, hubo otro cara a cara con la Presidenta en el marco de un almuerzo organizado por la Barrick Gold de la que también participó el gobernador José Luis Gioja. En aquella ocasión uno de los temas excluyentes fue el proyecto Pascua-Lama, el emprendimiento minero binacional más grande del mundo con una inversión de 4.000 millones de dólares.

Este almuerzo generó mucho ruido en la oposición en Argentina que acusó a la Presidenta de "ser socia" de la Barrick.

En su discurso de ayer Cristina les transmitió a los ejecutivos que "es la primera vez que encontramos comentarios tan fuertes y tan positivos acerca de la Argentina" en Estados Unidos, y lo atribuyó al hecho de que "el crecimiento de la Argentina en los últimos doce meses ha sido más que importante", llegando al 9,2% y siendo superado, únicamente, por China, Tailandia y Perú, según precisó.

Cristina Fernández expuso junto a la titular del Consejo de las Américas, Susan Segal, y su alocución fue escuchada, además por el vicepresidente de Fox Latinoamérica, el presidente de Kraft Foods de la región, el responsable de Mitsubishi, y el titular del área internacional de la firma Monsanto.

También participaron la presidenta del laboratorio Pfizer, el gerente comercial Boeing, el vicepresidente de la cadena de medios Discovery Communications. Además, asistieron el jefe de operaciones internacionales de la compañía de energía AES Corporation, entre otros.


Fuente: Diario de Cuyo

21 de septiembre de 2010

Razones

Frente a los erróneos argumentos que diferentes gobernadores y corporaciones mineras están difundiendo en la Cámara de Senadores, queremos destacar los siguientes argumentos:

DEFENDAMOS NUESTRA FABRICA DE AGUA

DIEZ RAZONES PARA APOYAR LA LEY DE PROTECCION DE LOS GLACIARES
SANCIONADA POR LA CAMARA DE DIPUTADOS



Frente a los erróneos argumentos que diferentes gobernadores y corporaciones mineras están difundiendo en la Cámara de Senadores, queremos destacar los siguientes argumentos:

1- La ley de glaciares aprobada en la Cámara de Diputados (Ley Bonasso-Filmus) es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera. Cabe aclarar que la ley sancionada en la Cámara de Diputados es una ley de protección de glaciares, de nuestra "fábrica de agua" que, como tal, en su artículo 6 prohíbe diversas actividades -no sólo la minería- en una muy pequeña porción del territorio argentino.


2- El artículo 2º define que además de los glaciares, la ley incluye el área del ambiente periglacial "con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos", protegiendo una pequeña porción de nuestro territorio. A escala nacional, y dadas las condiciones necesarias para la existencia de glaciares y del periglacial así definido, puede estimarse que aún con la extensión del campo de hielo santacruceño, y de toda el área periglacial reguladora de recurso hídrico, la ley sólo protege en torno al 1% del territorio argentino (en su porción americana emergida). Así, no es cierto que quedaría incluido dentro de la ley una gran parte del territorio nacional o de las provincias cordilleranas, como pretenden hacer creer ciertos informes difundidos por los gobernadores promineros o por diversas solicitadas publicadas por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Tampoco es verdad que la ley impida la realización del tren trasandino en Mendoza o del túnel de Agua Negra en San Juan pues, a diferencia del proyecto del Senado, el de Diputados no prohibe la construcción de obras de infraestructura en el ambiente periglacial, sino sólo en los glaciares.


3- No menos importante es el hecho de que, así formulada, la ley de protección de los glaciares sancionada por la Cámara de Diputados apunta a proteger las CUENCAS HIDRICAS, las cuales presentan una unidad ecológica y funcional, de carácter interprovincial, y por ende no pertenecen a una sola jurisdicción provincial. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de uno o más provincias, regando campos y ciudades, abasteciendo así a diferentes poblaciones. Al tratarse de cuencas interprovinciales, compete también al Estado Nacional el ser garante de la unidad de cuenca, dado que cualquier actuación o determinación legal en la gestión de las aguas afecta a todos los territorios de las distintas provincias por las que éstas discurren. El objetivo es así lograr el mejor instrumento para un uso eficiente y sostenible de un recurso escaso y vulnerable, garantizando la solidaridad entre las diferentes provincias, en función de un concepto de territorio nacional. Esto quiere decir que las provincias no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de los recursos hídricos interjurisdiccionales, ya que las cuencas hídricas no admiten potestades provinciales exclusivas y por ende, compete a toda la nación y el pueblo argentino.


4- En su artículo 7, la ley aprobada en la Cámara de Diputados incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica (que la ley aprobada en el Senado no incluía) en las zonas protegidas. Este tipo de evaluación (estratégica) agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse. Es decir, analiza las relaciones de diversos proyectos entre si. Al respecto, debe entenderse que, desde la perspectiva sistémica eco-ambiental no se trata de una mera adición de un proyecto a otro, sino de tomar en cuenta las relaciones de diversos proyectos entre sí, y sus contextos sistémicos (estructurales y/o funcionales). Para comprender la importancia de la Evaluación Ambiental Estratégica tomemos en cuenta que los proyectos de Pascua-Lama y Veladero (ambos situados en la provincia de San Juan y explotados por la Barrick Gold) forman parte del mismo distrito aurífero, lo cual podría explicar la omisión deliberada en la anterior media sanción del Senado.


5- Otro de los artículos objetados por los gobernadores promineros es el 15, el cual exige que en las áreas donde ya existan actividades prohibidas por el artículo 6, se confeccione el inventario de glaciares de competencia nacional, en un plazo máximo de 180 días a partir de la sanción. Asimismo, dispone la realización de una auditoría ambiental a tales proyectos en ejecución (como Pascua-Lama, operado por la empresa Barrick Gold); y en caso de verificarse impacto sobre las zonas protegidas podrá ordenarse el cese o traslado de la actividad, además de las medidas de protección y limpieza que correspondan. La diferencia con el proyecto aprobado por los Senadores es sustancial: en el proyecto de Diputados el plazo de 180 días para realizar la Auditoría Ambiental corre a partir de la sanción de la ley, mientras que para el del Senado antes debe concluirse el inventario de toda la jurisdicción provincial. Con la redacción de la media sanción del Senado, la Auditoria Ambiental se transforma en facultativa de cada provincia, la que intervendrá en la realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir que si una jurisdicción retrasa la finalización del Inventario, tampoco se realizará la Auditoría Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley la media sanción del Senado terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afecten a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.


6- El artículo 17 de la media sanción de Diputados introduce el Principio Precautorio. El mismo es, simplemente, la aplicación de lo que establece el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), el cual, en caso de ausencia de información (como ocurre en las áreas donde el inventario de glaciares no ha sido realizado aún), obliga a actuar preventivamente, cuando haya peligro de daño grave o irreversible. Así, resulta claro que, en los lugares donde no esté finiquitado el inventario de Glaciares y ambiente Periglacial no pueden autorizarse nuevas actividades extractivas.


7- Los gobernadores que buscan escudarse en el artículo 124 de la Constitución Nacional -que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias-, no pueden disponer exclusiva y discrecionalmente de sus recursos naturales, porque es justamente nuestra Carta Magna quien ha limitado lo absoluto de este dominio provincial. Así, las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental son una facultad del congreso nacional, facultad que delegaron las provincias a través del artículo 41 de la Constitución. "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas." Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando afirmó que: "...corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las normas necesarias para complementarlas ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada..." (Voto de los doctores Lorenzetti, Fayth y Petracchi in re "Villivar Silvana versus provincia de Chubut y otros" 17/04/2007). Existe, por ende, una clara distribución de competencias Nación - provincias que provee un andamiaje institucional básico sobre el cual deben sancionarse e interpretarse las leyes de presupuestos mínimos.


8- Anticipándose a un revés en el Congreso Nacional, las provincias mineras sancionaron, de manera express, leyes provinciales de "protección" de glaciares, que abren las puertas a la explotación minera en zonas protegidas por la ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Pretenden convertir a estas normas locales en un obstáculo jurídico para la aplicación en las provincias de la futura ley nacional intentando subvertir el marco legal imperante. Sin embargo, el fin de las leyes de presupuestos mínimos es equiparar la protección del ambiente en todo el país, las provincias siempre pueden complementarlas y hacerlas más estrictas pero NUNCA pueden establecer regulaciones menos protectoras. Estas leyes provinciales sólo mantendrán su vigencia en cuanto sean más protectoras o no se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la futura ley nacional; en caso de que así no fuere, prevalecerá esta última.


9- La sanción de la ley en la Cámara de Diputados es producto de un consenso, y es apoyada por asambleas socio-ambientales de diferentes provincias del país que luchan por la defensa del AGUA, por reconocidas organizaciones ambientalistas y por numerosos intelectuales y académicos, de diferentes Universidades Públicas del país, muchos de los cuales son especialistas en los distintos y complejos aspectos que engloba la problemática.


10- Sabemos de las enormes presiones corporativas que acechan el Senado de la Nación. Por ello mismo, la aprobación de la ley de protección de los glaciares sancionada en la Cámara de Diputados es URGENTE, ya que está en juego nada menos que la preservación del agua y de nuestros bienes naturales; y NECESARIA, para todos aquellos que pensamos la nación en función de conceptos inclusivos y de largo plazo, esto es, una nación para la totalidad del pueblo argentino, así como para las generaciones futuras.


Mirta Antonelli (Universidad Nacional de Córdoba)

Pablo Bergel (Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI)
Norma Giarracca (Universidad de Buenos Aires)
Marcelo Giraud (Universidad Nacional de Cuyo)
Horacio Machado Aráoz (Universidad Nacional de Catamarca)
Maristella Svampa (CONICET-Universidad Nacional de La Plata)
Miguel Teubal (Universidad de Buenos Aires)
Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas)

20 de septiembre de 2010

15 de septiembre de 2010

Opinion

Aceptar dinero de Alumbrera es ayudar a lavar dinero


El fiscal Gómez dijo que aceptar dinero de La Alumbrera es ayudar a lavar dinero. Lo dijo al opinar sobre un proyecto de ley por el cual se prohíbe a todas las Universidades Nacionales "la recepción de fondos, ya sea en forma de subsidios o de cualquier otro modo, que tengan origen en las etapas de cateo; prospección; exploración; explotación; desarrollo; preparación y extracción de sustancias minerales metalíferas, comprendidas en el código de minería como de primera categoría; derogación de cualquier otra ley o normativa que se oponga a la presente ley".

El funcionario de la Justicia Federal tucumana lo afirmó al opinar sobre un proyecto de ley que prohíbe a todas las universidades públicas del país aceptar dinero bajo cualquier modalidad, proveniente de la actividad minera.

La iniciativa es impulsada por la diputada Griselda Baldata (CC) y le pone coto a un tema que es de gran discusión en muchas provincias. A su vez el fiscal General Federal de Tucumán aseguró que "todos los que ayuden a La Alumbrera a distribuir el dinero producido por esa actividad, estarían contribuyendo al lavado de dinero".

Baldata presentó un proyecto de ley por el cual se prohíbe a todas las Universidades Nacionales "la recepción de fondos, ya sea en forma de subsidios o de cualquier otro modo, que tengan origen en las etapas de cateo; prospección; exploración; explotación; desarrollo; preparación y extracción de sustancias minerales metalíferas, comprendidas en el código de minería como de primera categoría; derogación de cualquier otra ley o normativa que se oponga a la presente ley".

La diputada le consignó a NCN que también está en estudio "la relación que tienen algunos gobiernos provinciales con las mineras, no entendiéndose como ese dinero es destinado a la realización de mejoramiento de obras en hospitales públicos, cuando en contraposición, las empresas donantes son grandes contaminadoras en dichas provincias".

En relación a esta problemática y en el caso de Minera de La Alumbrera, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez sostuvo que "las universidades nacionales reciben, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, parte de la ganancia producida por minera La Alumbrera". "Si esos fondos, 20 millones de pesos anuales, son frutos de la comisión de hechos ilícitos, cualquier persona u organismos que ayude a distribuirlos, estaría ayudando a configurar el delito de lavado de dinero", explicó Gómez.

En sus declaraciones el fiscal Gómez señaló: "Creo que el Estado Nacional es cómplice de todo esto y que por eso no impulsa este tipo de causas".

Prohibido Olvidar

A 7 meses de la salvaje represion, El Pueblo de Andalgala esta de Pie y RESISTE!!!!!

parte de prensa

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - ANDALGALA
FUNCIONARIOS POLÍTICOS Y JUDICIALES EN ANDALGALA SE ESTÁN VIOLANDO DERECHOS HUMANOS, HAY PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA Y OPERA EL TERRORISMO DE ESTADO; SE ESTÁN UTILIZANDO LOS ÓRGANOS OFICIALES PARA IMPONER UN ECOCIDIO.
SERÁN JUZGADOS.
LA EMPRESA AGUA RICA, A TRAVÉS DE SUS EMPLEADOS ESTA JUDICIALIZANDO A 27 COMPAÑEROS ASAMBLEÍSTAS POR MEDIO DE TRES RECURSOS DE AMPAROS EN DONDE ARGUMENTAN QUE LOS VECINOS QUE LUCHAN POR EL AGUA, POR UN FUTURO Y TRABAJO DIGNO PARA ANDALGALA ESTARÍAN ATENTANDO CONTRA SU DERECHO DE TRABAJO.
QUIEN RESPONDE ANTE NUESTRO RECLAMO POR EL DERECHO LEGITIMO DE VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO? NO ESTA LA EMPRESA AGUA RICA TENTANDO CONTRA NUESTROS DERECHOS?
LA MEDIDA FUE DADA EN CURSO POR EL JUEZ MANUEL ALEJANDRO SCIDA.

VECINO, NO SEAMOS COMPLICES DE LA CORRUPCIÓN, NO PERMITAMOS EMPRESAS MAFIOSAS, “SEÑORES DE LA GUERRA”, QUE TRAFICAN ARMAS Y DROGAS, QUE DESTRUYEN NUESTRAS FUENTES DE TRABAJO Y QUE CORROMPEN HERMANOS Y FUNCIONARIOS SIGAN OPERANDO CON IMPUNIDAD.

DENUNCIEMOSLO

NO PERMITAMOS QUE LA CODICIA DESTRUYA NUESTRO AMOR.
FUERA AGUA RICA !!!!
NO MAS MEGA MINERÍA !!!!