Evade y Reinaras

Investigan a La Alumbrera por una evasión de más de 17.000 millones de dólares

En doce años años las compañías asociadas en la explotación de Bajo La Alumbrera “acumularon, de modo encubierto, ganancias de 90 dólares por cada tonelada” allí producida. Así lo advirtió el fiscal general federal de Tucumán, Antonio Gómez, quien promovió una causa contra el grupo Minera Alumbrera por una descomunal evasión del orden de los $17.000 millones de dólares.

Por estos días, el expediente penal escandaliza a la comunidad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), ya que en el ente público que tiene derecho al 20% de las utilidades del yacimiento catamarqueño (YMAD) hay dos representantes de la UNT que nada parecen haber advertido acerca de la multimillonaria defraudación que empieza a investigar la Justicia Federal.

El fiscal Gómez, en base a un extenso informe, concluyó que el ocultamiento de ganancias en perjuicio de YMAD (Yacimiento Minero de Aguas de Dionisio) supone defraudaciones al Estado de Catamarca por US$ 11.903.526.000 a la UNT por US$ 3.967.842.000 y al resto de las universidades nacionales por una igual suma en dólares o su equivalente de poco más 15.000 millones de pesos.

En la universidad pública de Tucumán, más preocupados por lo que las corporaciones mineras parecen haberle birlado a esa casa de altos estudios que por las advertencias del fiscal Gómez acerca de las responsabilidades aparejadas a la percepción de fondos relacionados con presuntos hechos ilícitos, ya le pusieron un número a la evasión: las partidas que no llegaron a la UNT equivalen a 130 presupuestos anuales de esa universidad.

Dejando de lado las aún abiertas discusiones jurídicas y éticas acerca de los fondos de La Alumbrera, la acción promovida por el fiscal Gómez alude, en el caso puntual de la UNSa, a una defraudación de cerca de 260 millones de pesos, suma que se acercaría a dos presupuestos anuales completos de la universidad pública de Salta.

Los ejes de la causa

Los informes reunidos por el Ministerio Público Federal, como así también una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a YMAD, dejaron traslucir serias fallas y grietas en los controles de las producciones y utilidades de la mina catamarqueña.

En este contexto, el fiscal Gómez encontró elementos suficientes para promover acciones por una presunta defraudación que, calculada desde 1998, sumaría hoy poco más $17.360 millones de dólares.

La suma se desprende de producciones de diferentes minerales que se juzgan no declaradas. En consecuencia, sus utilidades no fueron liquidadas a YMAD en los términos legalmente acordados cuatro años antes de que la mina entrara en la fase de producción.

Según el expediente judicial, cada tonelada de titanio reporta 1.920 dólares, mientras que las de escandio cotizan a 4.492 dólares en los mercados internacionales.

El ocultamiento de embarques de minerales, entre los que se incluyen los dos citados -sin figurar en las actas de la Aduana-, configuraría la base de la supuesta evasión fiscal.

El expediente concluye que las compañías multinacionales asociadas a La Alumbrera estarían ganando un promedio de 90 dólares netos por tonelada. Como en la mina se extrae un promedio anual de 91.250.000 toneladas, el cálculo arroja cerca de 8.266.000 dólares no declarados por año.

Derechos de explotación

Los derechos de la mina de oro y cobre Bajo La Alumbrera, ubicada en el departamento catamarqueño de Belén, pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), un ente que integran la Provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad Nacional de Tucumán.
Fueron científicos de la UNT los que descubrieron el yacimiento y lo registraron a nombre de esa universidad en 1948. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas (UTE) con el grupo Minera Alumbrera, controlado en distintos momentos por la anglo-australiana BHP Billiton, la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold.
La explotación arrancó en 1997 y desde 1999 se sucedieron denuncias por contaminación y últimamente también por evasión.

Una de las causas que más avanzaron fue iniciada por un ex director de Medio Ambiente de Tucumán, el biólogo Juan González, quien denunció altas concentraciones de metales pesados en el canal donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera. En mayo de 2008, la Cámara Federal de Tucumán, en base a informes técnicos, dio por “acreditada la existencia de contaminación ambiental” y dictó el procesamiento del vicepresidente de la firma, Julián Rooney.

En septiembre de 2009, en fallo dividido, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el auto de procesamiento

El reparto de las utilidades

Según los acuerdos, YMAD debe recibir el 20% de las utilidades de la explotación de la mina. A su vez, una ley que se promulgó en enero de 1959 contempla el reparto de los ingresos de YMAD conforme al siguiente esquema: un 60% para el Estado catamarqueño, un 20% para la UNT y el restante 20% para ser distribuido entre las demás universidades nacionales.

Pese al ordenamiento legal, recién a mediados de 2008 ingresó al fondo universitario una primera remesa de $50 millones, a la que se sumó a comienzos de junio de 2009 una segunda partida de $36,8 millones. Días después, el Consejo que reúne a los rectores de las universidades públicas, conocido como CIN, acordó los términos de la coparticipación de esos $86,8 millones.

En algunas universidades, sectores críticos de la minería impusieron el rechazo de las partidas de dinero provenientes de La Alumbrera.

La UNSa, frente a posiciones de rechazo extendidas entre estudiantes, docentes e investigadores, designó una comisión “ad hoc” a modo de un consejo consultivo.

Más allá de algunas conclusiones no exentas de ambigüedades, el informe que entregó el cuerpo fue la base sobre la cual el gobierno de la UNSa resolvió finalmente aceptar los $1.177.148 que ingresaron a sus arcas y se distribuyeron, semanas atrás, en base a criterios que aún son enfáticamente denunciados y defendidos dentro del complejo universitario de Castañares.

El punto más controversial de la distribución de los fondos de La Alumbrera está en los $130.000 que se asignaron a la comisión “ad hoc”, según se consignó en el despacho que dio lugar al reparto del dinero.

Aunque en ese mismo instrumento se reservaron importantes sumas para equipar laboratorios, los $130.000 que fueron asignados a la comisión “ad hoc” dieron lugar a encendidos cuestionamientos, ya que contrastaban marcadamente con los $60.000 que se destinaron para financiar proyectos de investigación relacionados con la explotación de La Alumbrera y los $60.000 que se dispusieron para apoyar proyectos de extensión universitaria relacionados con la conflictiva mina catamarqueña.

En medio de crecientes críticas, el Consejo de la UNSa sacó una resolución el pasado 8 de abril en la que se aclaró que los $130.000 no fueron destinados para los miembros de la comisión, sino para solventar estudios específicos sobre los impactos ambientales y sociales de La Alumbrera. En otro punto de la resolución 182/10, se indicó que los usos en que se vuelquen los citados fondos serán autorizados por el Rectorado.