El fiscal Gómez dijo que aceptar dinero de La Alumbrera es ayudar a lavar dinero. Lo dijo al opinar sobre un proyecto de ley
por el cual se prohíbe a todas las Universidades Nacionales "la recepción de fondos, ya sea en forma de subsidios o de cualquier otro modo, que tengan origen en las etapas de cateo; prospección; exploración; explotación; desarrollo; preparación y extracción de sustancias minerales metalíferas, comprendidas en el código de minería como de primera categoría; derogación de cualquier otra ley o normativa que se oponga a la presente ley". El funcionario de la Justicia Federal tucumana lo afirmó al opinar sobre un proyecto de ley que prohíbe a todas las universidades públicas del país aceptar dinero bajo cualquier modalidad, proveniente de la actividad minera.
La iniciativa es impulsada por la diputada Griselda Baldata (CC) y le pone coto a un tema que es de gran discusión en muchas provincias. A su vez el fiscal General Federal de Tucumán aseguró que "todos los que ayuden a La Alumbrera a distribuir el dinero producido por esa actividad, estarían contribuyendo al lavado de dinero".Baldata presentó un proyecto de ley por el cual se prohíbe a todas las Universidades Nacionales "la recepción de fondos, ya sea en forma de subsidios o de cualquier otro modo, que tengan origen en las etapas de cateo; prospección; exploración; explotación; desarrollo; preparación y extracción de sustancias minerales metalíferas, comprendidas en el código de minería como de primera categoría; derogación de cualquier otra ley o normativa que se oponga a la presente ley".
La diputada le consignó a NCN que también está en estudio "la relación que tienen algunos gobiernos provinciales con las mineras, no entendiéndose como ese 
dinero es destinado a la realización de mejoramiento de obras en hospitales públicos, cuando en contraposición, las empresas donantes son grandes contaminadoras en dichas provincias".
En relación a esta problemática y en el caso de Minera de La Alumbrera, el fiscal general federal de Tucumán, Gustavo Gómez sostuvo que "las universidades nacionales reciben, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, parte de la ganancia producida por minera La Alumbrera". "Si esos fondos, 20 millones de pesos anuales, son frutos de la comisión de hechos ilícitos, cualquier persona u organismos que ayude a distribuirlos, estaría ayudando a configurar el delito de lavado de dinero", explicó Gómez.
En sus declaraciones el fiscal Gómez señaló: "Creo que el Estado Nacional es cómplice de todo esto y que por eso no impulsa este tipo de causas".
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