10 de noviembre de 2010

Corruptus in extremis

"Hay hombres capaces de cometer infamias por unos centavos. Otros no caen en ellas ni por los oros del inca. En efecto, las cometen gratuitamente"
Luis L. Franco


Por segunda vez el juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez hizo lugar a otra medida cautelar y ahora suspendió la aplicación de seis artículos de la Ley de Glaciares. El magistrado aceptó los pedidos de las compañías Minera Argentina Gold S.A., Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas y suspendió la aplicación de la ley para sus proyectos mineros "Veladero" y "Pascua Lama" en la provincia de San Juan.

Uno de los artículos suspendidos es el sexto, que establece que en los glaciares "quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural" y "las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance".

También se suspendieron los artículos 2 (define a los glaciares); el tres y el cinco (crea el Inventario Nacional de Glaciares); el siete (establece estudios ambientales para las actividades en glaciares que no estén prohibidas); y el 15 (fija los plazos para la puesta en marcha del Inventario).

El juez también dispuso que Minería Argentina pague una caución real de 500 mil pesos como depósito y Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas un monto de un millón.El 2 de noviembre pasado, el mismo magistrado había tomado determinaciones similares en relación a la Ley, como respuesta a presentaciones de asociaciones sindicales y empresariales del sector minero local.

Gálvez, también integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los jueces, había suspendido la aplicación de los mismos seis artículos a principio de mes cuando hizo lugar al reclamo conjunto de cinco entidades y cámaras empresarias, entre ellas la CGT de San Juan.

La ley 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial fue sancionada en septiembre pasado por el Congreso y entró en vigencia el 28 de octubre tras la promulgación del Gobierno. La norma establece los presupuestos mínimos para desarrollar actividades en zonas de glaciares y periglaciares del país.

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