Piden la suspensión de la mina Marlin y la aplicación de las otras medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno guatemalteco.
El 20 de mayo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Gobierno de Guatemala a suspender las actividades de la mina de oro Marlin en San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, para evitar más daños ambientales y sobre la salud.
Pidió implementar éstas y otras medidas cautelares hasta que se termine de investigar la queja interpuesta por las 18 comunidades locales. La Comisión dio al gobierno guatemalteco 20 días para responder a esa petición. Tras muchas dudas, el Gobierno decidió cumplir con las recomendaciones, pero hasta ahora no ha tomado pasos concretos para, efectivamente, poner en práctica las medidas.
La Comisión Interamericana había previsto que la decisión de suspender la mina podría aumentar la inseguridad. Por eso, además de pedir la suspensión, pidió también medidas para proteger a la población. También aquí el gobierno guatemalteco dejó de tomar acción, con graves violaciones de derechos humanos como consecuencia.
El 7 de julio 2010, a las 7 de la mañana dispararon a la señora Theodora Antonia Hernández Cinto en la puerta de su casa en San Miguel Ixtahuacán. Fueron dos hombres desconocidos los que llamaron a su puerta para pedir una taza de café. En el momento en el que Doña Theodora regresaba con la taza la dispararon en el ojo derecho.
Pero no terminó ahí: en la noche del 14 de julio un líder local, conocido por su resistencia a la minería, fue víctima de un atentado armado en la población de Siete Platos, en San Miguel Ixtahuacán. Razones de seguridad impiden dar a conocer su nombre. A pesar de que, afortunadamente, en esta ocasión tampoco lograron matar a su víctima.
El aumento de violencia es responsabilidad directa del gobierno guatemalteco, dado que eludió las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no tomó ninguna medida para proteger a la población local, aún siendo conocedor del alto nivel de violencia e intimidación en la región.
CATAPA pide al Gobierno de Guatemala la suspensión inmediata de todas las actividades de la mina Marlin. Existen fuertes indicios de que tanto el derecho a la vivienda, el medio ambiente y la salud de la población local alrededor de la mina están en grave peligro. El Gobierno tiene que tomar medidas adecuadas y efectivas para garantizar la protección de la población local. Como conclusión, CATAPA exige una investigación profunda y completa de las amenazas y atentados en contra de Doña Theodora Antonia Hernandez Cinto y otros líderes locales de San Miguel Ixtahuacán.
CATAPA pide, además, a las organizaciones internacionales de derechos humanos que se sumen a la condena de los recientes atentados y amenazas a habitantes locales, así como a prestar especial atención tanto a los acontecimientos en San Marcos como a las posibles futuras violaciones de derechos humanos en la región.
A las instancias internacionales y gobiernos, CATAPA pide usar su influencia para que el Gobierno de Guatemala cumpla con sus obligaciones respecto a los derechos humanos y el derecho internacional.
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